Avanza México hacia un modelo de seguridad con inteligencia legal y sin espionaje
Ciudad de México.— En una jornada clave para el futuro de la seguridad nacional, la Cámara de Diputados aprobó con una mayoría abrumadora el dictamen de la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública. La iniciativa, presentada por la diputada Jessica Saiden Quiroz, presidenta de la Comisión de Seguridad Ciudadana, fue respaldada por 368 votos, en un claro mensaje de consenso legislativo frente al desafío persistente de la violencia y el crimen organizado.
La diputada Saiden, integrante del grupo parlamentario de Morena, defendió desde la tribuna un proyecto que busca modernizar las herramientas del Estado para anticiparse al delito, priorizando un enfoque técnico, preventivo y plenamente alineado con los derechos humanos. «Esta Ley consolida un Estado inteligente, con coordinación, legalidad y rostro democrático», afirmó ante un pleno atento, donde incluso las bancadas opositoras reconocieron la pertinencia del planteamiento.
El dictamen aprobado no se construyó sobre la nostalgia de los aparatos de vigilancia del pasado, sino sobre una plataforma interoperable que permitirá a autoridades federales, estatales y municipales integrar y procesar información clave para formular inteligencia táctica y estratégica. Es decir, se busca dejar atrás la improvisación y dotar al país de un cerebro coordinado que piense, analice y actúe con precisión frente a las amenazas actuales.
Contrario a los temores que suelen acompañar este tipo de reformas, la diputada fue enfática: «No se recabarán datos biométricos, no se interceptarán comunicaciones privadas ni se instalará vigilancia sin control judicial». Con este posicionamiento, la legisladora se deslinda de cualquier paralelismo con sistemas opacos o intrusivos. La protección de datos personales y el respeto a los límites constitucionales fueron elevados como pilares del nuevo sistema.
Este nuevo marco legal encuentra su fundamento en la reforma constitucional al artículo 21, publicada el 31 de diciembre de 2024, y representa la implementación concreta de un mandato legal. El nuevo sistema no sólo busca perseguir delitos de alto impacto —como el secuestro, la extorsión, la trata de personas o los homicidios vinculados al crimen organizado—, sino prevenirlos desde una perspectiva más científica y coordinada.
Durante su exposición, Saiden rechazó la idea de que esta ley otorgue poderes arbitrarios al Ejecutivo. «No se trata de expandir facultades, sino de actuar con responsabilidad, proporcionalidad y transparencia», dijo. Y para reforzar esta visión, presentó una adenda con mejoras legales al dictamen, mostrando apertura al debate técnico y voluntad de construir un acuerdo más robusto.
El mensaje final de la legisladora retumbó con fuerza en el recinto de San Lázaro: “Votemos a favor. Este dictamen es un compromiso con la paz en México, con nuestras familias y con un entorno seguro desde nuestros hogares”. La aprobación de la ley, reglamentaria del tercer párrafo del artículo 21 constitucional, marca un punto de inflexión en la política de seguridad pública del país: la inteligencia deja de ser sinónimo de opacidad y se convierte en un instrumento legítimo del Estado democrático.
La sesión concluyó entre aplausos y gestos de satisfacción. Por primera vez en mucho tiempo, la seguridad pública se discutió no desde el miedo ni la represión, sino desde la inteligencia, la técnica y el respeto al marco legal. Un avance que, sin duda, marcará el camino de los próximos años.
