Ciudad de México, junio de 2025 — En un acto que evidenció el creciente malestar dentro del Poder Judicial capitalino, peritos de la Ciudad de México realizaron una protesta este jueves que incluyó bloqueos momentáneos y un cierre simbólico en la colonia Doctores, específicamente sobre la avenida Río de la Loza, una de las vialidades más transitadas de la zona.
La manifestación tuvo lugar frente a las instalaciones del Instituto de Servicios Periciales y Ciencias Forenses, perteneciente al Tribunal Superior de Justicia de la CDMX. Con pancartas en mano y consignas dirigidas a las autoridades judiciales, los peritos exigieron mejoras en sus condiciones laborales, incrementos salariales, el pago completo de prestaciones y el cese del hostigamiento laboral.
“¡Sin peritos no hay justicia!”, gritaban al unísono los trabajadores mientras colocaban carteles en los accesos al Instituto, visibilizando así su hartazgo por lo que consideran una constante desatención a sus demandas. La movilización se desarrolló de forma pacífica, aunque generó afectaciones viales en la zona durante varias horas.
Este acto se suma a una serie de protestas y paros laborales que se han intensificado en las últimas semanas en diversas sedes del Poder Judicial de la CDMX. Trabajadores de distintos niveles han emprendido acciones similares, reclamando condiciones laborales dignas y denunciando represalias internas. En algunos casos, las tensiones han escalado a confrontaciones con grupos que buscan reabrir las instalaciones cerradas.
Los peritos forenses desempeñan un papel crucial en la impartición de justicia, ya que sus análisis y dictámenes técnicos son fundamentales para la resolución de casos judiciales. Sin embargo, denuncian que sus jornadas son extenuantes, sus recursos limitados y sus derechos laborales frecuentemente ignorados.
Hasta el momento, las autoridades del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México no han emitido una respuesta oficial ante esta protesta.
La manifestación de los peritos no solo refleja una lucha sectorial, sino que pone sobre la mesa una problemática estructural dentro del aparato judicial de la capital, donde el personal técnico y administrativo reclama ser escuchado y valorado.
