Ciudad de México, 18 de junio de 2025 — En una acción firme por recuperar el espacio público como un derecho colectivo, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Cultura Cívica para sancionar de manera enérgica a quienes, conocidos como franeleros, condicionen el uso de la vía pública mediante amenazas o cobros indebidos.
La propuesta contempla hasta 36 horas de arresto inconmutable para aquellas personas que intimiden o exijan pagos a ciudadanos por estacionarse en la vía pública. “El espacio público no es una mercancía, es un derecho. Nadie debe apropiarse de las calles ni cobrar por algo que es de todas y todos”, enfatizó Brugada durante una conferencia en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento.
Sanción sí, pero también inclusión
La mandataria capitalina subrayó que esta iniciativa no busca criminalizar la pobreza, sino erradicar prácticas abusivas sin dejar de lado el componente social: la propuesta va acompañada de un programa de empleo formal y emprendimiento, así como una campaña de concientización bajo el lema “El espacio público es de todas y todos”.
A través de la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo, el gobierno capitalino abrirá diálogo con agrupaciones de cuidadores de autos para ofrecer alternativas laborales dignas. “Nuestro objetivo es construir territorios de paz e igualdad, atendiendo las causas y no solo las consecuencias”, afirmó Brugada.
Reforma con dientes legales
La consejera jurídica Eréndira Cruzvillegas explicó que la iniciativa modifica artículos clave de la Ley de Cultura Cívica. Entre ellos:
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Artículo 28 Bis: prohíbe apartar lugares con objetos o cobrar por cuidar coches.
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Artículo 31, Infracción tipo F: establece que cualquier forma de intimidación para exigir pago será sancionada con arresto de 36 horas, sin opción de multa o trabajo comunitario.
Además, las conductas vinculadas podrán considerarse delitos de extorsión, amenazas, robo o lesiones, según los artículos 148, 209, 224 y 130 del Código Penal capitalino.
Intervención policial en flagrancia
La iniciativa permite a los elementos de seguridad intervenir de oficio, sin que sea necesaria una denuncia formal, cuando se detecte en flagrancia a personas condicionando el uso del espacio público.
Enfoque integral
El último transitorio de la iniciativa establece que el gobierno capitalino deberá ofrecer programas productivos a quienes infrinjan la ley, con el objetivo de reintegrarlos a la vida económica de manera legal y segura, promoviendo el orden y el respeto en las calles de la capital.
Con esta propuesta, Clara Brugada apuesta por una ciudad más justa, ordenada y habitable, en la que el espacio público sea realmente de todas y todos, sin abusos ni privilegios.
