CDMX a 11 de junio, 2025.- La Primera Sala de la SCJN resolvió este miércoles, con cuatro votos a favor y uno en contra, otorgar la libertad inmediata y absoluta a Juana Hilda González Lomelí, acusada por el secuestro y asesinato de Hugo Alberto Wallace, hijo de la conocida activista Isabel Miranda de Wallace.
Los ministros Loretta Ortiz, Margarita Ríos Farjat, Juan Luis González y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena apoyaron el amparo directo, mientras que Jorge Mario Pardo Rebolledo fue el único en votar contra. Ortiz precisó que la decisión ya fue remitida a la autoridad penitenciaria para su ejecución inmediata.
Confesión obtenida con tortura: el corazón de la sentencia
La resolución del ministro ponente Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena concluye que las declaraciones utilizadas para condenar a Juana Hilda fueron producto de tortura física, psicológica e incluso sexual, lo que invalida el proceso. Sin esas confesiones forzadas, no existían pruebas sólidas que la vincularan con el delito.
Testimonios señalan que, tras su detención en 2006, fue intimidada con amenazas contra su familia, trasladada de forma irregular y privada de asistencia legal mientras se le obligaba a declarar frente a cámaras.
Un caso que expone fallas en el sistema de justicia
El fallo también echa luz sobre un posible montaje judicial, impulsado por la influencia mediática de Isabel Miranda de Wallace, quien se presentó como pieza clave en la defensa del caso. La Corte cuestiona la actuación de la entonces PGR (hoy FGR) y su respuesta parcial ante las denuncias de tortura.
Se comprueba además que faltaron pruebas periciales sólidas: no se hallaron evidencias forenses en la vivienda cateada, y elementos clave como la gota de sangre y una licencia se obtuvieron tras la confesión coaccionada.
Defensa y repercusiones jurídicas
El Instituto Federal de la Defensoría Pública (IFDP) celebró el fallo como un paso relevante hacia el respeto de los derechos humanos y al debido proceso, sin importar la gravedad del delito.
La SCJN también desestimó solicitar una nueva investigación, considerando que prolongar el caso violaría el principio de non bis in idem (no juzgar dos veces) y bajo el argumento de que la evidencia estaba ya seriamente contaminada.
¿Qué sigue?
Con su liberación inmediata, se abre la puerta para examinar otras órdenes de libertad y revisar casos de coacusados como Brenda Quevedo, César Freyre, y los hermanos Castillo, quienes enfrentan procesos similares y denuncian tortura y falta de pruebas.
Asimismo, expertos y periodistas piden investigar a los funcionarios involucrados, así como analizar la responsabilidad de la activista Miranda de Wallace en el caso. Sin duda, este fallo deja una marca en la lucha contra la tortura y por la justicia penal en México.
