En una sesión clave para la política interior del país, el Senado de la República avaló este 1 de mayo la Estrategia Nacional de Seguridad Pública propuesta por el Ejecutivo federal. La aprobación fue celebrada por el grupo parlamentario mayoritario, mientras que la oposición expresó reservas sobre la instrumentación de algunas medidas.
La estrategia tiene como eje central fortalecer la capacidad de las instituciones encargadas de la seguridad, particularmente la Guardia Nacional y las policías estatales, a través de una mayor inversión en inteligencia, prevención, investigación del delito y profesionalización de los elementos en campo.
Desde el estrado, legisladores oficialistas afirmaron que este plan representa un cambio de paradigma frente al modelo de “mano dura” del pasado. En su lugar, se apuesta por una lógica integral, donde la seguridad es entendida también como el resultado de condiciones sociales más justas y de una justicia penal efectiva.
El documento aprobado establece una mayor articulación entre los tres niveles de gobierno y plantea la coordinación directa entre las fiscalías, los centros de inteligencia, las policías locales y las Fuerzas Armadas, dentro del marco constitucional.
Uno de los puntos mejor valorados fue la intención de priorizar la prevención del delito en zonas urbanas de alta marginación, donde históricamente ha existido presencia del crimen organizado. También destaca la inversión en infraestructura policial y centros de mando con tecnología de punta.
La estrategia fue respaldada por organizaciones civiles enfocadas en derechos humanos, que reconocieron avances en el enfoque de seguridad ciudadana, aunque también solicitaron mecanismos independientes de evaluación del desempeño de las fuerzas públicas.
Por otra parte, en la Cámara de Diputados persiste el debate respecto a las leyes secundarias que operativizarán esta estrategia. En particular, preocupa la ampliación de facultades de la Secretaría de Seguridad para actuar sin mandato judicial en ciertos casos, lo cual será objeto de revisión antes del próximo periodo ordinario.
Con esta estrategia, el gobierno federal busca revertir la percepción negativa sobre la inseguridad y enviar un mensaje de firmeza institucional a la ciudadanía. En especial, se busca reducir los delitos de alto impacto en entidades como Guanajuato, Zacatecas y Michoacán.
Especialistas consideran que, de implementarse con rigor técnico, esta estrategia podría sentar las bases para una nueva etapa de gobernabilidad territorial, donde se debilite el poder de los grupos criminales gracias a la combinación de inteligencia financiera, trabajo social y acción policial.
La aprobación del plan de seguridad representa uno de los avances legislativos más relevantes de la actual administración en lo que va del año. El reto ahora será traducir esa visión en resultados tangibles para millones de mexicanos que viven día a día bajo amenaza de la violencia.
